La caída de los precios internacionales de los metales y la
necesidad de que la Argentina ofrezca un escenario “competitivo” para las
inversiones serán dos de las líneas centrales que recorrerán hoy el almuerzo
por el Día de la
Minería. El encuentro, que reunirá a todos los operadores
mineros del país (entre ellos los de la
minería en Jujuy), estará atravesado por el 200º aniversario de la creación de la
primera ley de fomento minero, que impulsó el secretario de Hacienda del Triunvirato,
Vicente López y Planes.
Si bien el titular de la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM), Martín Dedeu, mantiene en reserva el discurso, varias fuentes
del sector coincidieron en que esos dos temas “vienen conversándose mucho en
las reuniones de la entidad”. Pero también convinieron en que se evitará
confrontar abiertamente con el Gobierno aunque “sigan las demoras en la remisión
de utilidades” a las casas matrices, indicaron a BAE Negocios.
Es ese otro punto que preocupa a las empresas que conforman
el quinto complejo exportador del país, emplea a unos 100.000 trabajadores en
forma directa y durante el año pasado realizó exportaciones por unos u$s5.300
millones. A principio de año, la administración central comenzó a autorizar
–como anticipó este diario a mediados de enero– el giro de dividendos, que se
aprueba o frena directamente en el Banco Central y mediante un llamado
telefónico a la entidad bancaria que solicita la autorización para hacer la
transferencia.
Esa decisión descomprimió un poco las quejas de los gerentes
de las mineras, que durante el año pasado tuvieron frenados unos u$s900
millones que no pudieron remitir a sus casas matrices. Pero aunque esas
autorizaciones fueron puntuales y “a cuentagotas”, como definieron los
empresarios, permitieron congelar los planteos privados sobre congelamiento de
decisiones de inversión.
Ese mecanismo, de frenar o liberar la salida de dólares del
sector minero fue posible por el decreto 1.722 de fines de octubre de 2011, que
eliminó el beneficio que sólo tenían las mineras y empresas petroleras de
liquidar la totalidad de sus exportaciones en el exterior. Eso las obligó a pasar
su dinero físico por el país y a tener que conseguir una autorización para
luego remitirlo a sus casas centrales.
